La Opinión

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Doña Sila, Bhatia y Sila Mari…La nueva tripleta de corruptos???

 

 

 

 

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) le refirió al Departamento de Justicia que investigue los presuntos esquemas  para recaudar donativos de campaña por encima de la Ley Electoral de Puerto Rico de la ex gobernadora Sila M. Calderón, la senadora Sila Mari González y el ex candidato a alcalde de San Juan, Eduardo Bhatia. Funcionarios federales han declarado que hicieron el referido a Justicia porque los delitos prescribieron en la jurisdicción federal.

La famosa carta de dos páginas que el director del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, le entregó el pasado 15 de abril al secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos, luego de haber convocado a la prensa de manera inusual, contiene los nombres de estos miembros prominentes del Partido Popular Democrático (PPD).  

Grisell Pagán, portavoz de la ex gobernadora, respondió ayer escuetamente en un mensaje electrónico ante la petición de una reacción: “La señora Calderón desconoce el contenido del documento en cuestión, por lo tanto no va a emitir expresiones al respecto”. Su hija, la senadora González, se mostró desconcertada.  “Esto para mí es nuevo. Es la primera vez que escucho esto, tengo total desconocimiento sobre esto. Es totalmente falso (las imputaciones). No voy a entrar en más detalles, pero es totalmente falso”, dijo González.

Bhatia, candidato del PPD a senador por acumulación, en cambio, reaccionó molesto: “No voy a comentar sobre rumores, prefiero no comentar nada por ahora”.

El portavoz del FBI en Puerto Rico, Harry Rodríguez, simplemente dijo: “No voy a confirmar ni a denegar la información”. Mientras la ayudante del secretario de Justicia, María Magriñá, aseguró que haría la gestión para conseguir una declaración de Sánchez Ramos, pero luego no devolvió las llamadas a este diario.

El referido con los nombres de Calderón, González y Bhatia se une a la lista de confrontaciones judiciales entre el Gobierno federal y el de Puerto Rico. Algunos, incluyendo al mismo Gobernador quien lo ha expresado públicamente, entienden que el origen del enfrentamiento se remonta a la negativa del FBI de entregarle al Departamento de Justicia información imprescindible para investigar la muerte de Filiberto Ojeda Ríos por un agente federal el 23 de septiembre de 2005. La solicitud de Justicia fue denegada por los tribunales federales.

Punto culminante

El pasado 27 de marzo la tensión alcanzó su momento climático cuando el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y otras 12 personas fueron acusados por cargos de conspiración para violar la Ley federal de Campañas Electorales, someter informes falsos a la Comisión Federal de Elecciones, transferencia electrónica fraudulenta de fondos, conspiración para defraudar al Servicio de Rentas Internas federal, rendir planillas fraudulentas y ofrecer falsos testimonios al FBI.

Ese día se anunció que se harían referidos a Justicia sobre delitos que habían prescrito en la jurisdicción federal. Pero ese día tardó en llegar, tanto que el pasado 9 de abril, cuando Sánchez Ramos divulgó el informe que concluyó que la versión del FBI sobre la muerte de Ojeda Ríos es falsa, el Secretario mencionó a los periodistas que el referido del FBI no le había llegado “ni por paloma mensajera”.

Pues la paloma mensajera llegó varios días después, específicamente el 15 de abril. Ese día Fraticelli fue a entregarle la carta personalmente a Sánchez Ramos y les aseguró a los periodistas que las personas referidas en la carta no estaban incluidas en las acusaciones federales contra el Gobernador y las otras 12 personas.

“Hay varios funcionarios reconocidos en Puerto Rico… es una situación bien sensitiva, por eso lo traje a la mano”, indicó Fraticelli a los medios.

Pero Sánchez Ramos convocó a la prensa inmediatamente y aseguró que el referido parecía más bien una “confidencia anónima”.

“La información que trae aquí (Fraticelli) en nada tiene que ver con las acusaciones que están pendientes en el Tribunal Federal… Son cosas totalmente distintas, (lo común) es que estarían relacionadas con leyes que regulan los gastos de las campañas en Puerto Rico”, precisó el secretario de Justicia ese día.

 

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